Después de más de dos décadas sin cambios profundos, Guatemala cuenta con una nueva legislación para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La norma sustituye al Decreto 67-2001 y responde a los cambios que han experimentado los sistemas financieros, las transacciones electrónicas y las modalidades utilizadas por organizaciones criminales en los últimos años.

La nueva ley fue aprobada con amplio respaldo en el Congreso y busca dotar al país de herramientas más modernas para rastrear operaciones sospechosas y fortalecer la cooperación con organismos internacionales. Entre los principales cambios se encuentra una supervisión basada en riesgos y la incorporación de nuevos sujetos obligados a reportar actividades inusuales.

Otro aspecto importante es que las Personas Expuestas Políticamente (PEP), incluyendo funcionarios y exfuncionarios, continuarán bajo controles especiales para prevenir posibles actos de corrupción o movimientos financieros irregulares. Además, se fortalecen los mecanismos de análisis para identificar estructuras utilizadas para ocultar recursos de origen ilícito.

Diversos sectores empresariales respaldaron la aprobación de la normativa, señalando que contribuirá a mejorar la confianza internacional en Guatemala y a fortalecer la competitividad del país. Las autoridades consideran que la ley permitirá atacar con mayor eficacia las finanzas de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, la corrupción y otras actividades ilegales.