La discusión sobre la capacidad de los políticos para tomar decisiones económicas también pasa por una pregunta incómoda: ¿cuánta experiencia tienen quienes diseñan políticas que afectan directamente al mercado laboral?

Uno de los casos que genera debate es el de Samuel Pérez Álvarez, una de las figuras más visibles del Movimiento Semilla. El Congreso de la República registra que es licenciado en Economía y que fue diputado durante la IX Legislatura; posteriormente fue reelecto para un segundo período.

Su trayectoria antes de llegar al Congreso estuvo vinculada principalmente con organizaciones estudiantiles y la construcción de Semilla. Una publicación sobre sus primeros años señala que ocupó cargos de liderazgo estudiantil durante varios años y que, en una etapa anterior, también obtuvo ingresos trabajando como músico.

Estos antecedentes no constituyen por sí mismos una desventaja. Una formación económica y una experiencia política pueden ser herramientas importantes para participar en la toma de decisiones públicas.

La discusión aparece cuando esas decisiones involucran realidades que millones de guatemaltecos enfrentan diariamente: conseguir un empleo, contratar trabajadores, pagar prestaciones, abrir una empresa, conseguir financiamiento o sostener un negocio cuando aumentan los costos.

El mercado laboral tiene dinámicas que no siempre pueden comprenderse desde la teoría o desde el funcionamiento de las instituciones públicas. Para una empresa, contratar significa asumir costos y riesgos; para un trabajador, perder el empleo puede significar dejar de pagar una deuda, una vivienda o la educación de sus hijos.

Por eso, cuando los resultados económicos no cumplen las expectativas, el debate debería centrarse en las decisiones tomadas y no únicamente en los obstáculos encontrados.

La bancada oficialista y el Ejecutivo tienen derecho a explicar las dificultades que enfrentan. Pero también tienen la responsabilidad de demostrar qué decisiones tomaron para superarlas.

La experiencia política puede preparar a una persona para gobernar, pero el desempeño en el Gobierno finalmente se mide con resultados. Y esos resultados no los califican únicamente los políticos: los califican los trabajadores, los emprendedores y las empresas que viven todos los días las consecuencias de las políticas públicas.